Proyecto es para fortalecer o desprestigiar -aún más- el Congreso?

Actualización (Ago 6): J.M. Corzo se dió cuenta que la iba embarrando y retiró el proyecto. Pero mi opinión se mantiene y todavía faltan sus disculpas.

Una cosa es buscar la doble instancia para los congresistas, una garantía procesal que comparto en su pertinencia. Pero otra es meter mico hasta más no poder. Es sencillamente fatal como el nuevo presidente del Congreso Juan Manuel Corzo borra con el codo –en 15 días- lo logrado en el último año.

Pocas instituciones democráticas en Colombia padecen de un desprestigio tan arraigado como el Congreso. Pero la última legislatura logró iniciar una inflexión con resultados significativos: aprobación de una agenda legislativa ambiciosa, mejoría en la disciplina parlamentaria, reducción del ausentismo, etc. No es que ahora sea la panacea, pero al menos empezaba a dejar de ser el “nido de pícaros con sueldos exorbitantes” que tanto molesta a sus electores. Y por eso su ex presidente Armando Benedetti merece aplausos por su liderazgo, pese a su fastidiosa arrogancia.

Pero ahora su sucesor conservador, con un solo proyecto de acto legislativo de su autoría –“De Fortalecimiento Jurídico del Congreso”, lo llama- nos recuerda el estereotipo del congresista ventajoso, oportunista y descarado. Y lo hace desde su posición privilegiada de vocero y representante del Congreso.

Sin querer arremeter por el clarísimo conflicto de interés directo por legislar en beneficio propio (Art. 286 Ley 5/92 – Estatuto del Congresista), alguien dígame: ¿Qué presentación tiene que un Presidente del Congreso –¡con cinco investigaciones penales en su contra!- proponga reformar la Constitución logrando así obstaculizar los procesos andantes en su contra por vía de una inmunidad parlamentaria? Porque la vigencia es “a partir de su promulgación”, y no al finalizar el periodo actual, como debería ser. Corzo lo defiende diciendo que no es impunidad, ya que la respectiva Cámara decidiría si levanta la inmunidad parlamentaria. Pero ¿quién puede imaginarse a la mayoría uribista -tan afanada en su momento por aprobar la reelección- levantándole el “segurito” a Yidis Medina o a Teodolindo Avendaño para evitar su juicio?

Y no para ahí. El proyecto de acto legislativo también busca prohibir a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la competencia del Congreso para reformar ciertos temas de la Constitución que hoy le están vedados; aquellos que son de su esencia. Pues bien, bajo la “Constitución Corzo” por ejemplo, este personaje bien podría proponer -sin miedo a que fuera declarado inconstitucional- que su periodo como congresista fuera vitalicio y pagado. O llegar al extremo aberrante de proponer permitir la esclavitud de personas con síndrome de down; todo porque la Corte no podría “nunca” –dice el proyecto- pronunciarse sobre el fondo de la propuesta sino sólo por el procedimiento en su formación. ¿Qué presentación tiene esto?

También propone que los congresistas puedan ser ministros… ¡o embajadores! Esto ya es torpeza. Quisiera ver a nuestros congresistas-embajadores de China o Sudáfrica viniendo cumplidos a las plenarias cada semana…si ni siquiera lo hacen viviendo acá!

Si este señor quiere fortalecer el Congreso, lo primero que debe hacer es desistir de tan desatinado proyecto y ofrecer disculpas a sus colegas por reforzarles el karma de ser vistos como políticos corruptos. Y al país.

Si de buscar más garantías para los Congresistas se trata, que promueva una Asamblea Constituyente con la tarea específica de hacerlo...pero que no sea tan ventajoso de legislar en nombre propio, y desprestigiar en nombre de otros.

Y por si acaso, que a mi no me diga que opino sin siquiera leer el proyecto porque lo leí todo.

@DiegoPardoA

PD: No entiendo por qué la Iglesia invoca el argumento de proteger la vida para penalizar el aborto en los casos en que la vida de la mujer -y la del feto- está en peligro. Pero eso es otro tema...

Salida en falso para defender el matrimonio homosexual

Por favor, Representante Prada, no propicie que una decisión sobre derechos de minorías quede en manos de mayorías.

Con la mejor de las intenciones -espero yo- el Representante a la Cámara por Bogotá Alfonso Prada sugirió un referendo que sería inconstitucional por antidemocrático y discriminatorio. Su salida en falso se debe a que mediante Sentencia C-238 de hace unas semanas la Corte Constitucional se abstuvo –otra vez- de pronunciarse de fondo sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero esta vez exhortando al Congreso a que legisle sobre la materia. El Congreso, por supuesto, mira para otro lado y hace caso omiso. Y no sorprende, pues van más de cinco intentos fallidos en el legislativo, donde reina la homofobia.

Ante este “peloteo” el Congresista –y “muchos otros” según el encabezado de El Espectador- propone abiertamente que el tema se defina por vía de referendo, pues dice que “es necesario convocar al pueblo a que en las urnas defina qué es lo que debemos hacer en esas situaciones tan delicadas”. Pero es inconstitucional, violatorio de los derechos humanos y equivocado conceptualmente intentar conciliar la indiferencia del Congreso y de la Corte proponiendo que sean los ciudadanos quienes tengan la última palabra. Si bien el referendo es el mecanismo de reforma constitucional más participativo, no por eso es el más democrático, y por eso la propuesta es desatinada.

Con frecuencia se oye la idea errada (o al menos absolutamente desactualizada) de que “como esto es una democracia, pues que decida la mayoría!”. O peor aún, “que la democracia es el gobierno de la mayoría”. La regla de mayorías no es más que un mecanismo o procedimiento para tomar decisiones, como lo es el consenso o la imposición. En cambio la democracia es un compromiso constitucional con la observancia obligatoria de un catálogo de derechos intangibles –incluso de las minorías-, lo que limita el actuar institucional y de las decisiones mayoritarias. Y ahí es donde va la inconstitucionalidad de la propuesta.

La comunidad LGBT colombiana ha tenido unos avances importantes en cuanto a igualdad de derechos. Desconocer dichos avances es una discriminación manifiesta, prohibida por la Constitución y la Declaración de la ONU sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de 2008 que integró la discriminación por orientación sexual como una violación a los derechos humanos. Pues bien, en la práctica resulta claramente discriminatorio y antidemocrático someter los derechos de una minoría a la decisión de la mayoría. Es innegable que la comunidad homosexual se encuentra en desventaja por su inferioridad numérica para reivindicar sus derechos por vía de un referendo que decidiría una mayoría heterosexual; dicha votación profundizaría y agravaría de facto la discriminación contra los homosexuales.

De manera que le pido respetuosamente, señor Representante, que por favor no insista con la propuesta. Haga uso de su alta investidura para promover que el debate no se desplace a escenarios electorales, y lidere la presión (mediática, si es que toca) para que sea la Corte la que decida. Esta, en tanto órgano que no es de representación sino de control constitucional, es la llamada a garantizar normativamente el goce real de los principios de igualdad, inclusión y diversidad.

diegopardo18@hotmail.com

Twitter: @DiegoPardoA

No dudo que Santos sea patriota...pero tambien es uribista

Resulta aterrador que nadie menos que el Presidente Uribe esté profesando en terminología jurídica la doctrina uribista del todo vale. Su defensa de la buena fe y patriotismo en el actuar del ex Presidente Belisario Betancur sugiere que éstos son más que suficientes para que no se investigue la presunta responsabilidad penal del ex mandatario en la retoma del Palacio de Justicia, a propósito de la condena al Coronel Plazas Vega. “Cuando hay buena fe y cuando hay patriotismo, no hay espacio para el dolo. Se excluye totalmente el delito”, dice Uribe de manera temeraria. Y es que independientemente de si Betancur es responsable de algún delito –lo cual corresponde determinar autónomamente a la justicia, Sr. Presidente-, lo cierto es que la declaración del Presidente suena más a una apología a la impunidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos en nombre del “patriotismo” en momentos en que se mueven los procesos de las chuzadas del DAS y la UIAF, los mal llamados “falsos positivos”, y próximamente el tan esperado resultado de las investigaciones penales de la Yidispolítica.

Un curso de Derecho Penal para dummies indicaría que el dolo es básicamente la confluencia del conocimiento del resultado que obtendrá el agente por medio de su conducta, y la voluntad de que así sea. En otras palabras, que la persona quiera y sepa lo que va a pasar con su accionar.

Ahora bien, lo que se desprende de la afirmación del Presidente, es que actuar con “patriotismo” y “buena fe” hace irrelevante que un sujeto determinado actúe con la reprochable actitud de dirigir conscientemente su voluntad a la realización de una conducta antijurídica que esté tipificada como delito en la ley penal.

Por buena fe entendemos el actuar con la mejor de las intenciones, -con altruismo si se quiere-, y por patriotismo el amor a la patria lo que motiva ese actuar. Y aquí nuevamente basta leer en diagonal un libro de historia para dummies para percatarse de que ha sido precisamente en nombre del patriotismo y la buena fe que se han dirigido desde lo más alto del poder estatal las mayores atrocidades masivas y genocidios. Y el ejemplo más trillado, pero también más diciente, es por supuesto el Holocausto del pueblo Judío. ¿A alguien le queda duda hoy en día de que la ejecución sistemática de judíos por parte de agentes del Estado Nazi se hicieron por un auténtico fanatismo y amor a una nación “Aria” que buscaba lo mejor para sí misma? Y ejemplos sobran: Rwanda, el genocidio en la antigua Yugoslavia, etc.

Así que cuidado, señores uribistas. No vaya a ser que por defender a Plazas Vega por lo que hizo DESPUES de retomar el Palacio se caiga en el error de reunir a los altos mandos militares y decir que si uno actúa con amor a la patria y buena fe puede torturar y matar civiles, porque al fin y al cabo, ese patriotismo “excluye totalmente el delito”. Y vuelvo e insisto: es el propio Presidente el que plantea jurídicamente la doctrina del todo vale; si uno es patriota y tiene buena fe, puede hacer con la ley y la Constitución lo que se le de la gana “porque no hay espacio para el dolo. Y sin dolo no hay delito”.

Lo más grave es que no me cabe duda de que Santos sea un verdadero patriota. Pero trambién es un uribista comprometido con el pueblo a seguir con la ideología del Presidente…